La comunidad universitaria volverá a movilizarse este jueves en una nueva Marcha Federal Universitaria, convocada en rechazo a las políticas del Gobierno nacional y a la falta de actualización de los fondos destinados a las casas de altos estudios. La protesta reunirá a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y autoridades universitarias de distintas provincias.
La jornada representa un nuevo punto de tensión entre el Ejecutivo y el sistema universitario. La movilización se realizará luego de que la Justicia frenara el Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno buscaba condicionar la ejecución de partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso.
La convocatoria cuenta con el respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional, las federaciones estudiantiles y los gremios que representan a los trabajadores del sector. El reclamo incluye mejoras salariales, mayores recursos para becas y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La norma establece mecanismos de actualización periódica del presupuesto operativo de las universidades, tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor elaborado por el INDEC. Las autoridades y los sindicatos sostienen que el cumplimiento de esta disposición resulta indispensable para garantizar el funcionamiento de las instituciones.
Desde los gremios universitarios señalaron que la movilización refleja la resistencia de las universidades y de sus trabajadores frente a la falta de respuestas oficiales. También advirtieron que la pérdida del poder adquisitivo y el aumento de los costos operativos afectan tanto a la actividad académica como a la investigación y la extensión.
En la Ciudad de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires encabezará la columna principal de la marcha. La concentración tendrá como destino la Plaza del Congreso, donde se desarrollarán las principales actividades y se expresarán los reclamos vinculados con el presupuesto universitario.
La protesta se produce además después de las manifestaciones realizadas frente a la Secretaría de Educación, que derivaron en denuncias presentadas por el Ministerio de Capital Humano. En ese contexto, las organizaciones universitarias ratificaron la continuidad de sus medidas y reclamaron una instancia de diálogo que permita resolver la situación presupuestaria.