La oposición decidió mantener su plan de sesionar en la Cámara de Diputados para impulsar la derogación del DNU 70/2023, pese a la decisión de la Corte Suprema relacionada con la eliminación de la Ley de Tierras. Los bloques opositores consideran que el Congreso mantiene la facultad de revisar y dejar sin efecto la norma impulsada por el Gobierno de Javier Milei.
El máximo tribunal dispuso la suspensión provisoria del artículo 154 del decreto, que derogó la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales. La medida cautelar interina fue dictada mientras la Justicia analiza la legitimidad de los demandantes y el planteo de fondo.
Con la resolución, vuelven a regir temporalmente las restricciones de la Ley de Tierras, incluido el límite del 15% para la titularidad extranjera de superficies rurales en los niveles nacional, provincial y departamental. Sin embargo, la Corte aclaró que su decisión no es un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad del DNU ni sobre la validez de la derogación.
El expediente fue remitido nuevamente al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, que deberá continuar con el trámite y determinar si corresponde avanzar con la medida cautelar solicitada. La suspensión se mantendrá hasta que el magistrado competente se expida sobre la legitimación de quienes promovieron la acción y evalúe los argumentos presentados.
A pesar del fallo, sectores opositores sostienen que el debate legislativo debe continuar. Diputados de distintos bloques buscan reunir el quórum necesario para convocar a una sesión especial y tratar la derogación del DNU 70/2023, al que cuestionan por haber modificado o eliminado numerosas leyes sin un debate parlamentario previo.
La discusión también se vincula con el antecedente del Senado, que en marzo de 2024 aprobó la derogación del decreto con 42 votos a favor y 25 en contra. Para que la iniciativa avance de manera definitiva, ahora deberá superar el tratamiento en la Cámara de Diputados, donde la oposición intenta construir los acuerdos necesarios pese a las diferencias internas.
El fallo de la Corte, además, dejó expresamente a salvo las atribuciones del Poder Legislativo. El tribunal no consideró que su resolución impidiera al Congreso analizar el decreto, por lo que la oposición interpreta que la decisión judicial no modifica su estrategia parlamentaria ni elimina la posibilidad de discutir la vigencia del DNU en el recinto.