El presidente Javier Milei decidió relanzar y acelerar la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia, un proyecto concebido hace más de una década y largamente demorado, que vuelve a colocarse en el centro de la agenda en un contexto de creciente tensión por la explotación de recursos en torno a las Islas Malvinas. La iniciativa apunta a reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y a transformar a Ushuaia en una plataforma logística de primer orden hacia la Antártida, en un triángulo estratégico delimitado por Malvinas, el Atlántico Sur y el continente blanco. El anuncio se enmarca en una nueva etapa del reclamo de soberanía sobre el archipiélago, que incluye sanciones a empresas que operen sobre los recursos naturales en la zona en disputa.
Según el proyecto impulsado por el Ministerio de Defensa y la Armada, la Base Naval Integrada se levantará en el Puerto Oriental de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, e implicará una infraestructura de gran escala: más de un kilómetro de línea de atraque, sectores con hasta 16 metros de profundidad, talleres, depósitos y capacidad para asistir buques de gran porte. El complejo está diseñado para brindar apoyo logístico a operaciones científicas y comerciales en el Atlántico Sur y la Antártida, permitiendo reparaciones, reabastecimiento y servicios a cruceros y embarcaciones de todo el mundo que operen en esas aguas. La Casa Rosada sostiene que, una vez terminada, la instalación convertirá a la Argentina en un polo logístico central de la región y reforzará su proyección geopolítica.
La obra, sin embargo, arrastra una historia de retrasos. Fue planificada hace más de diez años y comenzó a ejecutarse recién en 2022, durante la gestión de Jorge Taiana al frente de Defensa, con el astillero Tandanor a cargo de las primeras etapas. Pese a los anuncios iniciales, el avance físico de los trabajos fue limitado y el proyecto quedó a medio camino por falta de financiamiento estable y cambios de prioridades políticas. Con el recambio de gobierno y la llegada de los libertarios a la Casa Rosada, el plan atravesó un período de indefinición, mientras Milei exploraba distintas alternativas de cooperación internacional para asegurar los recursos necesarios y redefinir el alcance del emprendimiento.
En este nuevo relanzamiento, el presidente anunció que firmará un decreto de necesidad y urgencia para ampliar el presupuesto del Ministerio de Defensa, con el objetivo prioritario de dotar de fondos a la Base Naval Integrada y fortalecer las capacidades nacionales en telecomunicaciones. El gobierno insiste en que se trata de una obra clave para garantizar una presencia permanente y robusta en el Atlántico Sur, frente al avance de proyectos petroleros vinculados al Reino Unido en las inmediaciones de Malvinas. En paralelo, la administración libertaria prevé enviar al Congreso un paquete de iniciativas para endurecer las sanciones a compañías que exploten recursos naturales en el archipiélago y sus aguas, articulando la infraestructura militar y logística con una estrategia diplomática y legal más agresiva.
La decisión de acelerar la base de Ushuaia también tiene un componente internacional. Desde hace años, el proyecto forma parte de las conversaciones de la Argentina con Estados Unidos, en particular con el Comando Sur, como parte de una agenda de cooperación en materia de defensa y logística antártica. Milei, que ya había promovido la iniciativa como un “gran centro logístico” hacia el continente blanco, busca ahora capitalizar el alineamiento con Washington para destrabar financiamiento y asistencia técnica, aunque insiste en que no se trata de una base extranjera sino de una instalación bajo control soberano argentino. En este marco, la Base Naval Integrada aparece como el pivote de una estrategia que combina presencia militar, desarrollo económico regional y proyección científica, en un escenario donde cada movimiento se lee bajo la lupa de la disputa por Malvinas y el control de los recursos del Atlántico Sur.