El proyecto de Presupuesto 2027 que el Poder Ejecutivo envió al Congreso marca un cambio relevante en la estructura del gasto social: crece en términos reales, pero con modificaciones clave en partidas sensibles como las jubilaciones, las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH). Según el texto oficial, el gasto primario total aumentará un 4,2% real, impulsado principalmente por la seguridad social, que exhibirá una expansión cercana al 7,2% real sobre la base de una fuerte desaceleración de la inflación, estimada en 18% anual para diciembre del año próximo. En un contexto de ajuste fiscal y presión para sostener el superávit, el Gobierno apuesta a reforzar algunas prestaciones, al tiempo que introduce cambios normativos que abren interrogantes sobre la futura actualización de los beneficios.
Dentro del gasto social, el sistema previsional continúa siendo el componente de mayor peso y uno de los principales motores de la expansión proyectada. Las jubilaciones y pensiones contributivas vuelven a ganar participación en relación con el PBI, luego de los fuertes recortes de los primeros meses de la gestión, asociados a la pérdida frente a la inflación y al congelamiento de bonos extraordinarios. El Presupuesto ratifica la nueva fórmula de movilidad basada en la inflación de dos meses atrás, mecanismo que apunta a evitar atrasos tan marcados como los registrados en 2024, cuando analistas describieron el ajuste como “más licuadora que motosierra” por la erosión de los haberes reales. No obstante, las consultoras advierten que la mejora depende de que la baja inflacionaria prevista se cumpla y que no se repita un desfasaje entre precios y actualización de ingresos, que vuelva a ubicar a los jubilados en el centro del recorte fiscal.
El otro gran bloque que se expande son las asignaciones familiares, que según el proyecto treparán un 12,4% real respecto del presupuesto vigente para 2026. En este rubro se incluyen tanto las prestaciones que cobran trabajadores registrados por hijo como las asignaciones por matrimonio, nacimiento y otros beneficios vinculados a la relación laboral formal. El mensaje oficial insiste en que se busca fortalecer la protección de la niñez y de las familias de ingresos medios y bajos, en línea con el giro de prioridades anunciado por el Gobierno en materia de servicios sociales. Sin embargo, los analistas señalan que el avance de estas partidas convive con un ajuste importante en otros programas sociales, como Potenciar Trabajo, la Tarjeta Alimentar y las becas Progresar, que ya registraron fuertes caídas reales en 2025 y no muestran una recuperación equivalente en el nuevo diseño presupuestario.
En el caso de la Asignación Universal por Hijo, el Presupuesto prevé un incremento del 11% real, lo que mantiene a la AUH como una de las prestaciones menos afectadas por el ajuste, en comparación con otros componentes del gasto social. Informes recientes dan cuenta de que, mientras las jubilaciones y pensiones llegaron a acumular contracciones de hasta 17% y más de 30% en términos reales, el recorte en asignaciones y AUH fue más moderado e incluso mostró subas en algunos períodos, con aumentos extraordinarios que atenuaron la caída del poder adquisitivo. La apuesta oficial es consolidar este esquema, ya que la AUH funciona como ancla para los sectores más vulnerables y tuvo incrementos específicos en 2025 y 2026, tanto en el monto general como en los casos de hijos con discapacidad. No obstante, el futuro de su indexación abre un foco de tensión, dado que la norma enviada al Congreso introduce cambios en el régimen que la regula.
El punto más sensible del proyecto es la derogación de la actualización automática de las asignaciones familiares y su exclusión de la fórmula de movilidad, que hoy ajusta las prestaciones según la inflación de dos meses atrás. El artículo 17 del Presupuesto propone dejar sin efecto artículos centrales de la ley 27.160, que establecía el mecanismo de actualización de estas partidas. De aprobarse, las asignaciones familiares –y, por extensión, parte del universo de beneficiarios que incluye a la AUH dentro de la arquitectura de protección social– quedarían sujetas a decisiones discrecionales del Ejecutivo o a nuevos criterios que no están claramente definidos en el mensaje presupuestario. Especialistas advierten que esta modificación puede transformar una suba inicial en una futura licuación si la inflación supera las proyecciones oficiales, ya que sin un esquema automático se abre la puerta a atrasos prolongados en los montos en términos reales. Así, el Presupuesto 2027 combina un incremento del gasto social en los números agregados con una redefinición de reglas que, de fondo, determinará si jubilaciones, asignaciones y AUH se consolidan como pilares de la protección social o vuelven a convertirse en la principal variable de ajuste.