Un día después de afirmar en Goiânia que contaría con los votos necesarios para “cambiar la Constitución” y “redemocratizar” Brasil, Flavio Bolsonaro intentó precisar el alcance de sus declaraciones. El candidato del Partido Liberal aseguró que su intención se limita a promover enmiendas constitucionales a través del Parlamento y expresó su “total respeto” por la Carta Magna.
“Cualquier cosa diferente de eso es especulación. Dejemos de mentir y aterricemos en el mundo real”, sostuvo Bolsonaro frente al comando de su campaña en Brasilia. Sus declaraciones se produjeron durante un acto en el que recibió el respaldo formal de la federación de partidos del Centrão Unión-Progresistas, de cara al balotaje del 25 de octubre contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La promesa inicial de modificar la Constitución había generado críticas y advertencias entre sus adversarios. Desde el Partido de los Trabajadores, Edinho Silva acusó al candidato de querer “acabar con la democracia” y contrapuso su propuesta con la agenda de Lula, a la que definió como basada en el diálogo, la participación social y el respeto por las instituciones.
Con el objetivo de despejar las dudas, Bolsonaro detalló algunas de las reformas que buscaría impulsar si llega al poder. Entre ellas mencionó cambios en el Poder Judicial, una reforma política, modificaciones a la reforma tributaria aprobada durante la gestión de Lula y el fin de la reelección para los cargos ejecutivos.
En materia de seguridad, el candidato defendió reducir la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años. Para delitos considerados graves, como violación o narcotráfico, su propuesta contempla bajar el límite hasta los 14 años. También prometió construir 500.000 nuevas plazas carcelarias como parte de su política de combate al delito.
Bolsonaro, además, afirmó que promoverá una enmienda para prohibir la reelección y se comprometió a no buscar un segundo mandato. Dejó en manos del Congreso la definición sobre si la medida alcanzaría a gobernadores e intendentes y si modificaría la duración de los mandatos. Sin embargo, anticipó que impulsaría una cláusula para impedir que sus familiares hasta el tercer grado puedan sucederlo.
Sus planes para el Supremo Tribunal Federal incluyen limitar las decisiones individuales de los magistrados, reducir algunas atribuciones de la Corte y modificar el mecanismo de designación de sus integrantes. También planteó establecer un período de incompatibilidad para evitar que un ministro del gobierno pueda ser designado inmediatamente como miembro del máximo tribunal.
La aprobación de una reforma constitucional, sin embargo, exigiría un amplio respaldo parlamentario. El procedimiento requiere tres quintos de los integrantes de cada cámara, equivalentes a 308 de los 513 diputados y 49 de los 81 senadores, además de dos votaciones en ambas cámaras.