La Justicia comenzó a tomar medidas para avanzar en la investigación por presuntas irregularidades vinculadas con inversiones en producciones audiovisuales impulsadas por el escritor Hernán Casciari y la empresa Orsai Audiovisuales.
En el marco del expediente, la fiscal Mónica Cuñarro dispuso solicitar información societaria y avanzar con la declaración de 24 personas que aparecen como posibles damnificadas. La intención es reconstruir el circuito de los aportes económicos, conocer las condiciones bajo las cuales se realizaron las inversiones y determinar si existieron conductas que puedan constituir un delito.
La causa se encuentra en una etapa inicial. Por eso, las medidas apuntan a reunir pruebas antes de definir con mayor precisión el rumbo de la investigación.
Piden información sobre la estructura de Orsai
Una de las primeras diligencias consiste en requerir a la Inspección General de Justicia (IGJ) el legajo de Orsai Audiovisuales. La información permitirá conocer los antecedentes de la sociedad, su conformación y los datos registrados sobre su funcionamiento.
En paralelo, la fiscalía buscará obtener los testimonios de los inversores que denunciaron presuntos perjuicios económicos. Sus declaraciones serán relevantes para establecer cuánto dinero aportó cada uno, qué condiciones se les ofrecieron y qué resultados obtuvieron.
La presentación judicial fue impulsada por el abogado Marcelo Ariel Gil Ces, quien aportó documentación para respaldar los planteos de los denunciantes.
Los proyectos audiovisuales mencionados en la denuncia
Los reclamos están relacionados con aportes realizados para financiar diferentes producciones. Entre los proyectos mencionados figuran La Uruguaya, Canelones, La muerte de un comediante, Cinco Guiones, Emi On Off y un documental sobre Diego Maradona.
Los denunciantes sostienen que los resultados económicos no habrían respondido a sus expectativas y cuestionan la información que recibieron sobre el uso de los fondos. También plantean dudas acerca de posibles transferencias de dinero entre proyectos.
Esos señalamientos deberán ser contrastados con la documentación contable y societaria, además de los testimonios que se incorporen al expediente.
La calificación del caso todavía no está definida
Uno de los principales objetivos de la investigación será determinar si los hechos denunciados encuadran en una figura penal o si corresponden a controversias de carácter contractual o comercial.
Entre las hipótesis que podrían analizarse, de acuerdo con las pruebas que se reúnan, se encuentran la presunta estafa y la administración fraudulenta. Sin embargo, la calificación definitiva dependerá de los elementos que surjan durante la investigación.
Las medidas dispuestas permitirán avanzar en la reconstrucción de las operaciones y establecer si existen responsabilidades penales. Hasta el momento, las acusaciones forman parte de una denuncia y no constituyen una determinación judicial sobre la responsabilidad de las personas señaladas.