El Gobierno de Javier Milei dispuso nuevos aumentos en las tarifas de electricidad y gas natural por redes que empezarán a regir desde septiembre, en el marco del esquema de actualización mensual que busca sostener la reducción gradual de los subsidios y contener el impacto sobre la inflación. Según las proyecciones oficiales, las facturas de luz subirán en torno al 1,75% promedio, mientras que las de gas tendrán un ajuste cercano al 1,40% a nivel nacional. Estos incrementos se suman a la seguidilla de subas de los últimos meses y vuelven a tensionar el presupuesto de los hogares, aunque con la particularidad de que se mantienen y moderan algunos beneficios para los usuarios con menores ingresos.
En el caso de la electricidad, el ajuste responde principalmente a la actualización del componente de distribución que cobran las empresas y a la reducción paulatina de las bonificaciones que aplica el Estado sobre el costo de la energía. Para los usuarios residenciales que reciben subsidio, la ayuda seguirá concentrándose en un bloque limitado de consumo, sobre el cual se aplica una fuerte bonificación, mientras que todo lo que exceda ese límite se paga a precio pleno. En septiembre, el Gobierno decidió no avanzar con una poda más agresiva de ese bloque subsidiado y fijó un techo de 200 kWh mensuales para mantener el beneficio. Es decir, los hogares incluidos en el régimen especial continuarán pagando con descuento solo los primeros 200 kWh; por encima de ese nivel, el valor del kilovatio hora será el mismo que para los consumidores sin subsidio.
Esa decisión está directamente ligada al esquema de Subsidios Energéticos Focalizados, que apunta a concentrar la ayuda en los sectores de menores ingresos y grupos vulnerables. Allí se destacan los hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas totales, quienes cuentan con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, veteranos de Malvinas y titulares de Certificado Único de Discapacidad. Para estos usuarios, la bonificación extraordinaria que se aplica sobre el precio de la energía se mantiene, aunque con un ajuste marginal: el descuento, que era del 25%, se reduce levemente hasta el 24,5%. En términos prácticos, el beneficio total para los alcanzados por el SEF pasa de cubrir el 75% del costo de la energía a aproximadamente el 74,5%, lo que implica un aumento moderado pero sostenido en las boletas de luz.
En cuanto al gas natural por redes, el incremento de septiembre, estimado en torno al 1,40%, se da en paralelo con la continuidad del nuevo esquema de subsidios que comenzó a aplicarse este año y que distingue entre meses de alta y baja demanda. El Estado mantiene una bonificación sobre el precio del gas en boca de pozo –en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST)–, pero deja fuera otros componentes de la factura, como el Valor Agregado de Distribución, que dependen de los entes reguladores provinciales. Para los beneficiarios del SEF, sigue vigente la bonificación extraordinaria sobre el consumo invernal, aunque con la misma lógica de gradualidad que en la electricidad: la ayuda se concentra en un tramo acotado de consumo y se reduce de manera lenta, para evitar saltos bruscos en los montos finales a pagar.
El panorama que se configura para septiembre combina, así, una nueva suba en las tarifas de luz y gas con la decisión oficial de mantener –aunque discretamente recortados– los subsidios para los sectores focalizados. Los usuarios sin subsidio, y especialmente los de mayores ingresos, seguirán enfrentando facturas que se ajustan casi mes a mes, mientras que los hogares con beneficios continuarán amparados por un esquema que preserva descuentos sobre bloques limitados de consumo. De este modo, el Gobierno busca avanzar en su política de reducción de subsidios energéticos sin que las facturas de servicios públicos se conviertan en un factor de mayor presión sobre la inflación y sin provocar un salto abrupto en el costo de vida de los sectores más vulnerables.