Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner volverán a poner este martes en escena la estrategia internacional que la exmandataria inició para cuestionar su condena en la causa Vialidad. La defensa convocó a una conferencia de prensa a las 15 en el NH Hotel, donde presentará un anuncio vinculado a la comunicación elevada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
La exposición estará a cargo de Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, quienes detallarán los ejes centrales del planteo presentado ante el organismo internacional. Según adelantaron, el escrito apunta a denunciar violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos durante el proceso judicial que terminó con la condena e inhabilitación electoral de la expresidenta.
En la presentación ante Naciones Unidas, la defensa sostuvo que el juicio por Vialidad vulneró garantías fundamentales y que el proceso tuvo como finalidad la proscripción electoral de Kirchner. En esa línea, los letrados afirmaron que la condena buscó impedir una eventual candidatura futura y que la sanción aplicada restringe de manera indebida sus derechos políticos.
Además del cuestionamiento de fondo a la sentencia, los abogados plantearon una serie de irregularidades que, a su criterio, afectaron el debido proceso. Entre ellas mencionaron la falta de un tribunal independiente e imparcial, la presunción de culpabilidad desde el inicio de la causa, limitaciones al derecho de defensa y la ausencia de una revisión judicial efectiva por parte de la Cámara de Casación.
La defensa también remarcó que ya se agotaron las vías judiciales internas tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 10 de junio de 2025. Con ese argumento, recurrieron al sistema internacional de protección de derechos humanos y solicitaron medidas cautelares urgentes para frenar los efectos de la condena mientras el Comité analiza el caso.
Entre los pedidos concretos, solicitaron la suspensión inmediata de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la restitución de la integración plena de la Corte Suprema y cambios en las condiciones de la prisión domiciliaria. En este último punto, reclamaron el retiro de la tobillera electrónica, el cese del trato discriminatorio, mayores posibilidades de acceso al aire libre y el fin de las restricciones para recibir visitas.