El último relevamiento de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP), elaborado por el Laboratorio y Observatorio de la Opinión Pública (LOOP) de la Universidad de San Andrés, encendió una señal de alarma en la Casa Rosada: 7 de cada 10 argentinos se declaran insatisfechos con la marcha general del país. El estudio, dirigido por el politólogo e investigador del CONICET Diego Reynoso, muestra que apenas un tercio de la población conserva una mirada positiva sobre la situación actual, mientras que la mayoría expresa desencanto, preocupación y malestar frente al rumbo económico y político.
Según el informe, la insatisfacción llega al 70% de los encuestados, mientras que solo alrededor del 30% manifiesta algún grado de conformidad con cómo avanzan las cosas. La encuesta revela además que la evaluación de la gestión de Javier Milei se mantiene en niveles bajos y estables, tras varios meses de deterioro progresivo: la aprobación del Gobierno dejó de caer, pero tampoco muestra señales de recuperación significativa. Este estancamiento en torno a valores reducidos de apoyo es leído por los analistas como un piso de legitimidad frágil, que convive con una percepción muy crítica sobre la realidad cotidiana.
El estudio también registra un cambio en la jerarquía de las preocupaciones ciudadanas. Si bien la inflación sigue presente como uno de los principales problemas, ha dejado de ocupar el primer lugar en el ranking. En su lugar, emergen con más fuerza el empleo, los salarios y la corrupción, que se consolidan como los temas que más inquietan a la población. El temor a perder el trabajo, el malestar por ingresos que no alcanzan y la sensación de que la corrupción persiste o se profundiza se convierten en los nuevos focos de tensión social, desplazando parcialmente al aumento de precios como única explicación del descontento.
Diego Reynoso interpretó estos resultados como la consolidación de una insatisfacción estructural que se arrastra desde hace varios meses. Según el investigador, el Gobierno venía perdiendo cerca de un punto de aprobación por mes entre finales de 2025 y principios de 2026, pero esa tendencia descendente se detuvo, sin que eso implique una mejora en la percepción general. De este modo, la gestión de Milei ingresa en una fase de meseta: no se derrumba, pero tampoco logra reconstruir confianza ni expectativa de mejora. El dato de que siete de cada diez personas no están conformes con la marcha del país aparece, en este contexto, como la síntesis de un clima social tenso y desconfiado.
En la Casa Rosada, el contenido del informe fue recibido con preocupación. Con poco más de un año por delante hasta las elecciones presidenciales de 2027, la lectura oficial es que el Gobierno enfrenta el desafío de revertir una combinación peligrosa: alto nivel de insatisfacción, problemas económicos persistentes y una agenda pública dominada por el empleo, los salarios y la corrupción, mientras la inflación continúa sin resolverse del todo. En ese escenario, los estrategas políticos del oficialismo siguen de cerca la evolución de estos indicadores y evalúan ajustes discursivos y de gestión, conscientes de que la brecha entre las promesas de cambio y la experiencia cotidiana de la ciudadanía se ha convertido en uno de los principales frentes de vulnerabilidad para la administración de Javier Milei.