El Gobierno apelará por novena vez un fallo judicial que respalda la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión fue adoptada luego de que el juez federal Martín Cormick declarara inconstitucional una cláusula del Decreto 759/2025, mediante la cual el Poder Ejecutivo había condicionado la implementación de la norma.
El magistrado ordenó al Gobierno cumplir de inmediato con la Ley 27.795, que contempla medidas vinculadas con la actualización salarial de docentes y trabajadores no docentes, además de la recomposición de programas destinados a estudiantes. La resolución representa un nuevo revés para la administración nacional en el conflicto que mantiene con las universidades públicas.
El caso se inició en diciembre de 2025, cuando Cormick hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional. En esa oportunidad, el juez dispuso que el Ejecutivo aplicara los artículos 5 y 6 de la ley, pese a que el Gobierno había intentado supeditar su cumplimiento a determinadas condiciones establecidas mediante un decreto.
La decisión fue confirmada el 31 de marzo de 2026 por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Posteriormente, el 25 de junio, la Corte Suprema rechazó el recurso presentado por el Gobierno y dejó firme la medida cautelar, aunque aclaró que se trataba de una resolución provisoria mientras continuaba el debate sobre el fondo de la cuestión.
En septiembre, el conflicto sumó un nuevo capítulo a partir de una demanda iniciada por la Universidad de Buenos Aires. Cormick volvió a ordenar al Ejecutivo que cumpliera con la Ley de Financiamiento Universitario y cuestionó nuevamente la validez del Decreto 759/2025.
Días después, el juez rechazó una apelación oficial contra una nueva intimación y otorgó al Gobierno un plazo de cinco días para cumplir con la cautelar. Además, advirtió que, en caso de incumplimiento, podrían aplicarse sanciones económicas.
Con la sentencia de fondo dictada el 6 de octubre, Cormick sostuvo que el Poder Ejecutivo no podía utilizar posteriormente el Decreto 759/2025 para limitar la aplicación de una ley aprobada por el Congreso. Frente a esa resolución, el Gobierno anunció que volverá a recurrir a la Justicia, en lo que constituye la novena apelación relacionada con el financiamiento de las universidades.