El oficialismo en la Cámara de Diputados flexibilizó su postura frente a distintos reclamos de los bloques aliados y de representantes provinciales, en un intento por garantizar respaldo al Presupuesto 2027 y avanzar con la eliminación de las PASO. Las concesiones abarcan los límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros, el financiamiento del área de Discapacidad y la distribución de obras públicas entre las provincias.
En ese marco, el Gobierno convocó para el miércoles 14 de octubre a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para retomar el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado. La reunión se realizará un día antes de una sesión especial solicitada por la oposición para discutir el DNU 70/23.
La iniciativa oficial podría incorporar nuevamente un capítulo referido a la extranjerización de la tierra. La alternativa busca contener a diputados del PRO, la UCR, el MID y partidos provinciales, quienes cuestionan la eliminación de las restricciones para que capitales extranjeros adquieran campos, aunque no acompañan una derogación total del decreto de necesidad y urgencia.
Durante las conversaciones encabezadas por el titular de la Cámara baja, Martín Menem, los bloques dialoguistas insistieron en la necesidad de restablecer límites concretos. Una de las propuestas con mayor respaldo consiste en recuperar el tope del 15% de la superficie rural de cada provincia o municipio que puede quedar en manos extranjeras. Sin embargo, el texto definitivo todavía no fue acordado.
El oficialismo también aceptó revisar su propuesta para el área de Discapacidad. Menem y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se comprometieron a exhibir las partidas previstas para el sector y dejaron abierta la posibilidad de introducir cambios en el dictamen para convencer a los legisladores que firmaron el proyecto en disidencia.
Como parte de la negociación, La Libertad Avanza decidió retirar del Presupuesto 2027 la reforma originalmente prevista para Discapacidad y presentar un nuevo proyecto. El texto recupera varios puntos de la Ley de Emergencia en Discapacidad, entre ellos el nomenclador único para las prestaciones, la actualización por inflación, la compatibilidad de las pensiones con empleos formales o informales y el uso del Certificado Único de Discapacidad como vía para acceder a una pensión.
Aun así, los aliados reclaman una redacción más precisa que garantice la actualización mensual de las prestaciones según la inflación y exigen un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas. El Gobierno prevé llevar la iniciativa al recinto el próximo 21 de octubre.
Durante el mismo encuentro, Hacienda recibió planteos de la UCR para preservar el financiamiento de las universidades nacionales. Los bloques provinciales, en tanto, concentraron sus pedidos en las obras públicas previstas para sus distritos, especialmente en los proyectos viales. Esos fondos podrían convertirse en una herramienta central para la negociación política que el Gobierno busca cerrar en torno a la eliminación de las PASO.