La jueza federal de Nueva York Loretta Preska cerró formalmente su intervención en el juicio por la estatización de YPF, luego de incorporar al expediente los efectos de una decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito que favoreció a la Argentina.
Con la nueva resolución, Preska dejó sin efecto su sentencia de 2023, mediante la cual había condenado al Estado argentino a pagar más de 16.100 millones de dólares. Con intereses, el monto reclamado por los demandantes había superado los 18.000 millones de dólares.
La magistrada actuó en cumplimiento del fallo emitido por la Cámara de Apelaciones, que en marzo revocó la condena y concluyó que la jueza había interpretado de manera incorrecta el derecho argentino. La decisión fue adoptada por los jueces Denny Chin y Beth Robinson, con el voto disidente de José Cabranes.
El tribunal de segunda instancia sostuvo que la legislación argentina sobre expropiaciones impide que terceros presenten reclamos capaces de interferir en ese tipo de procesos. También consideró que los estatutos de una sociedad no constituyen un contrato bilateral entre los accionistas que permita exigir indemnizaciones por daños como los planteados en la demanda.
El litigio fue iniciado por Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park, vinculados con la familia Eskenazi. Las compañías sostuvieron que la expropiación de YPF había vulnerado los derechos de los accionistas minoritarios al no respetar las condiciones previstas en el estatuto de la petrolera.
Burford Capital financió el proceso y adquirió los derechos de los antiguos accionistas para avanzar con el reclamo. Después de que la Cámara de Apelaciones rechazara la condena contra la Argentina, el fondo presentó ante la Corte Suprema de Estados Unidos un pedido para que revise el fallo.
El Segundo Circuito rechazó en junio la solicitud de Burford para que el caso fuera analizado nuevamente por el tribunal en pleno, conocido como “en banc”. De esta manera, la apelación ante la Corte Suprema quedó como la última vía judicial disponible en Estados Unidos.
La presentación de Burford no obliga al máximo tribunal estadounidense a aceptar el expediente. El recurso de certiorari permite solicitar la revisión de una causa, pero son los jueces de la Corte Suprema quienes deciden si intervienen o si rechazan el pedido.
La Corte recibe entre 7.000 y 8.000 solicitudes por cada período de sesiones y suele aceptar alrededor de 80 casos. No existe un plazo determinado para resolver este tipo de peticiones, por lo que todavía no hay una fecha estimada para conocer si el tribunal tomará el caso YPF.
Mientras continúa el trámite en Estados Unidos, Burford también inició acciones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, organismo dependiente del Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen. El Gobierno argentino, por su parte, anticipó que continuará defendiendo los intereses del Estado.