La administración de Diego Spagnuolo al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) volvió a quedar en el centro de la polémica. Tres auditorías realizadas sobre el funcionamiento del organismo detectaron presuntas irregularidades en la compra de medicamentos e insumos médicos, con diferencias de precios que en algunos casos superaron el 1.000%.
Los relevamientos analizaron operaciones efectuadas durante la gestión del exfuncionario, desplazado de su cargo en agosto de 2025. Entre las principales observaciones aparecen contrataciones sin procedimientos competitivos, documentación incompleta y deficiencias en los mecanismos destinados a supervisar el uso de los recursos públicos.
Uno de los ejemplos más significativos corresponde a la adquisición de Macitentán, un medicamento indicado para pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Los auditores encontraron que una droguería había cobrado más de 5,2 millones de pesos por unidad en febrero de 2025, mientras que al mes siguiente el mismo producto fue adquirido a otra empresa por aproximadamente 453.000 pesos.
La diferencia entre ambas operaciones alcanzó el 1.068%, un dato que encendió las alarmas sobre los criterios utilizados para seleccionar proveedores y establecer los valores de compra. Los informes también señalaron problemas en la adquisición de prótesis, sillas de ruedas y otros elementos destinados a personas con discapacidad.
Durante los primeros seis meses de 2025, la ANDIS destinó más de 110.000 millones de pesos a medicamentos de alto costo y baja incidencia. Como parte de las tareas de control, se revisaron 219 expedientes por un monto cercano a los 29.700 millones de pesos. En esa muestra se identificaron inconsistencias en comprobantes de entrega, autorizaciones médicas y documentación respaldatoria.
Las observaciones no se limitaron a las operaciones comerciales. Las auditorías también cuestionaron aspectos del sistema informático utilizado por el organismo, al detectar que una firma privada conservaba permisos de acceso a información sensible sin contar con un contrato vigente que justificara formalmente esa intervención.
Los resultados de estos relevamientos se conocen mientras avanza la investigación judicial por presuntos hechos de corrupción dentro de la agencia. La causa busca determinar si existieron maniobras destinadas a favorecer a determinados proveedores mediante contrataciones direccionadas y pagos por encima de los valores habituales.
El caso vuelve a poner el foco sobre la administración de los recursos destinados a las políticas de discapacidad. Más allá de las responsabilidades que eventualmente determine la Justicia, los informes oficiales exponen problemas de transparencia y control en un área encargada de garantizar prestaciones esenciales para sectores especialmente vulnerables.