El oficialismo enfrenta una nueva instancia de tensión por el futuro de Manuel Adorni, en un escenario marcado por la presión judicial y el desgaste político acumulado. Aunque el Gobierno intenta ordenar la interna y sostener una versión de control, las señales que llegan desde Casa Rosada muestran que su continuidad quedó seriamente cuestionada.
La discusión volvió a escalar a partir de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y del requerimiento fiscal que le exige explicar inconsistencias detectadas en su patrimonio. Según las informaciones difundidas, la Justicia le dio un plazo para responder sobre bienes, gastos y movimientos patrimoniales que no cerrarían con sus ingresos declarados.
En paralelo, el costo político del caso empezó a trasladarse al funcionamiento del Gobierno. Distintos medios señalaron que la derrota oficialista en el Senado y otras turbulencias parlamentarias alimentaron la percepción de que Adorni se convirtió en una carga para la estrategia de Milei, especialmente por el impacto que genera la crisis en la agenda legislativa y en los vínculos con aliados.
La interna oficialista también suma movimientos de contención y especulaciones sobre un eventual reemplazo. Algunas coberturas indican que, en la Casa Rosada, ya se evalúan escenarios alternativos y nombres de posibles sucesores, mientras persiste la versión de que una renuncia podría concretarse en el corto plazo si la situación judicial sigue agravándose.
Adorni, por su parte, quedó expuesto a una combinación de desgaste público, cuestionamientos patrimoniales y pérdida de respaldo interno. Lo que hasta hace poco aparecía como una defensa cerrada del Presidente hoy se lee más bien como una resistencia transitoria, en medio de una crisis que ya alteró el tablero político del oficialismo y dejó al ex jefe de Gabinete en una posición cada vez más frágil.