El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió que la investigación contra Manuel Adorni deje de tramitar bajo la hipótesis de enriquecimiento ilícito y pase al fuero Penal Económico, donde podría analizarse la existencia de una presunta evasión tributaria.
En su dictamen, el fiscal sostuvo que la prueba reunida hasta el momento no alcanza para demostrar que el incremento patrimonial cuestionado se haya producido durante el período en que Adorni ejerció funciones en el Estado. La presentación deberá ser analizada ahora por el juez federal Ariel Lijo.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano y examinó la evolución patrimonial de Adorni entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. Durante ese lapso, la fiscalía detectó gastos por 402.578,12 dólares, de los cuales 374.081,66 dólares habrían sido abonados en efectivo.
Además, el expediente registró una diferencia de 43.068.549 pesos entre los ingresos lícitos acreditados y el conjunto de gastos, adquisiciones y cancelaciones de deudas realizados durante el período investigado. Sin embargo, Pollicita consideró que la explicación ofrecida por la defensa no pudo ser descartada con los elementos disponibles.
La defensa planteó que el origen de los fondos podía ubicarse varios años antes de la llegada de Adorni al Poder Ejecutivo. Para el fiscal, esa posibilidad impide sostener por ahora que el funcionario haya obtenido un incremento patrimonial injustificado luego de asumir un cargo público, requisito central para configurar el delito de enriquecimiento ilícito.
El dictamen también señaló que no se logró vincular el dinero cuestionado con un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita relacionada con la actividad pública de Adorni. Por ese motivo, la fiscalía entendió que no existen elementos suficientes para mantener la acusación bajo esa figura penal.
La solicitud de remisión al fuero Penal Económico no implica el sobreseimiento del exfuncionario. La nueva jurisdicción deberá determinar si los ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales investigados fueron declarados correctamente y si pudo existir evasión del impuesto a las Ganancias, Bienes Personales u otros tributos nacionales.