Una paciente que ingresó al Hospital Italiano para someterse a una cirugía de rodilla denunció que fue abusada sexualmente mientras se encontraba bajo los efectos de la anestesia. La Justicia ordenó que la institución médica la indemnice por considerar que existió responsabilidad en los hechos ocurridos durante el procedimiento quirúrgico.
Según la denuncia, la mujer fue intervenida en el centro asistencial y, durante el período en que permanecía sedada, el anestesiólogo habría aprovechado su estado de vulnerabilidad para abusar de ella. La paciente tomó conocimiento de lo sucedido posteriormente y decidió iniciar acciones judiciales contra el profesional y el hospital.
El expediente analizó tanto la conducta atribuida al médico como los controles implementados por la institución durante la operación. En ese marco, los tribunales concluyeron que el Hospital Italiano debía responder civilmente por lo ocurrido, debido a la relación laboral o profesional que mantenía con el anestesiólogo y al deber de seguridad que debía garantizar a la paciente.
La resolución estableció una indemnización destinada a reparar las consecuencias físicas y psicológicas derivadas del abuso. El fallo también contempló el impacto que el episodio tuvo sobre la vida personal de la mujer, quien sostuvo que la experiencia afectó su bienestar emocional y su confianza en el sistema de atención médica.
La decisión judicial no solo evaluó la responsabilidad individual del anestesiólogo, sino también la obligación del establecimiento de supervisar la actuación de quienes intervienen en una cirugía. Para los jueces, el hecho de que la paciente estuviera anestesiada y no pudiera defenderse reforzó la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta institucional.
El caso volvió a poner bajo análisis las medidas de protección para las personas que atraviesan procedimientos quirúrgicos y permanecen inconscientes durante parte de la atención. La sentencia destacó la importancia de contar con controles adecuados, registros precisos y mecanismos de supervisión que permitan prevenir abusos y esclarecer rápidamente cualquier irregularidad.
La indemnización ordenada por la Justicia representa una reparación económica para la víctima, aunque el proceso también podría tener consecuencias en otros ámbitos, según el avance de las investigaciones sobre la conducta del profesional. La causa penal y la acción civil tramitan de manera diferenciada, por lo que cada una deberá determinar las responsabilidades correspondientes.