La Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada una nueva Ley de Discapacidad, luego de una sesión que se extendió por más de 12 horas. La iniciativa obtuvo 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, tras incorporar modificaciones planteadas por distintos bloques de la oposición.
El proyecto impulsado por el Gobierno busca reemplazar el régimen transitorio de emergencia por un sistema permanente. El texto aprobado mantiene varios de los beneficios contemplados en la normativa vigente, entre ellos la posibilidad de compatibilizar determinadas pensiones no contributivas con un empleo formal.
Entre los cambios incorporados se incluyeron garantías de cobertura sanitaria para los beneficiarios de ambas pensiones, protección de las asignaciones familiares y precisiones sobre los requisitos de acceso a las prestaciones. También se establecieron mecanismos vinculados con eventuales bajas, el pago a prestadores y la participación de las provincias en la implementación del régimen.
La oposición destacó que sus propuestas permitieron modificar un dictamen que consideraba insuficiente. Desde Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz afirmó que las negociaciones lograron sumar derechos fundamentales y advirtió que la aprobación de la ley deberá estar acompañada por los recursos necesarios para garantizar su cumplimiento.
El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, celebró el resultado y sostuvo que la iniciativa ofrecerá una respuesta estable a las personas con discapacidad y sus familias. Al mismo tiempo, cuestionó a legisladores vinculados al gobernador cordobés Martín Llaryora, a quienes acusó de no haber realizado aportes al debate y de votar en contra por motivos políticos.
Otros sectores opositores señalaron que el oficialismo debió abandonar parte del ajuste previsto para el área en el proyecto de Presupuesto 2027. Según esa interpretación, la presión social y la negociación parlamentaria llevaron al Gobierno a aceptar modificaciones que preservan buena parte del sistema vigente.
La aprobación en Diputados representa solo un primer paso. El proyecto deberá ser tratado por el Senado antes de convertirse en ley y, hasta que ese proceso concluya, las disposiciones votadas no entrarán en vigencia. También quedarán pendientes la asignación presupuestaria y la reglamentación necesaria para aplicar la nueva normativa.