La diputada nacional de La Libertad Avanza, Verónica Razzini, volverá a presentar en los próximos días un proyecto de ley para incorporar al Código Penal los bloqueos sindicales. La iniciativa será reformulada tras el fallo del juez Alejandro López, de San Nicolás, quien absolvió al dirigente camionero Maximiliano Cabaleyro y a otros seis imputados por el bloqueo realizado en 2021 contra la empresa Rey Distribución.
El nuevo texto mantendría el objetivo central de la propuesta presentada dos años atrás, aunque actualizaría sus fundamentos para evitar interpretaciones judiciales que, según la legisladora, permitan justificar conductas delictivas bajo el argumento del ejercicio del derecho de huelga. Razzini cuestionó que el magistrado haya considerado válido el bloqueo ocurrido en la pyme ubicada en San Pedro.
La iniciativa contempla penas de entre seis meses y tres años y seis meses de prisión para quienes impidan, obstaculicen o entorpezcan el ingreso a un comercio, una industria o cualquier establecimiento con el propósito de obtener un beneficio o provocar un perjuicio. También establece sanciones para los denominados bloqueos indirectos, que incluirían amenazas o exigencias ilegales dirigidas a proveedores, clientes, prestadores de servicios u otras personas vinculadas con la actividad afectada.
El proyecto prevé además consecuencias para los sindicatos, empresas u organizaciones que promuevan o faciliten este tipo de acciones. En esos casos, podrían aplicarse multas, suspensiones de actividades, restricciones para participar en licitaciones estatales, pérdida de beneficios oficiales e incluso la cancelación de la personería jurídica cuando la entidad hubiera sido creada para cometer delitos o los tuviera como actividad principal.
La propuesta había quedado paralizada durante las negociaciones entre el Gobierno y la Confederación General del Trabajo por los cambios laborales incluidos en la Ley Bases. En ese contexto, el oficialismo priorizó el acuerdo parlamentario necesario para aprobar la norma impulsada por el presidente Javier Milei. Sin embargo, la legislación finalmente incorporó una disposición que considera los bloqueos como una grave injuria laboral y permite a los empleadores despedir con causa a quienes participen de esas medidas.
Además, la Ley de Modernización Laboral incorporó como infracción muy grave provocar, instar u organizar un bloqueo o la toma de un establecimiento. Con esa modificación, las sanciones podrían alcanzar no sólo a quienes ejecuten las acciones, sino también a los dirigentes sindicales que las impulsen o coordinen.
Razzini calificó el fallo de San Nicolás como un retroceso y sostuvo que la decisión generó malestar entre empresarios y sectores de la sociedad. Según planteó, el derecho de huelga protege la decisión de un trabajador de no presentarse a cumplir sus tareas, pero no habilita la comisión de delitos ni puede ubicarse por encima del derecho de otras personas a trabajar.
En paralelo, entidades empresariales y grupos de pequeñas y medianas empresas impulsan denuncias contra el juez López ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Las presentaciones cuestionan la absolución de los acusados por el bloqueo a Rey Distribución y solicitan que se determine si existió responsabilidad suficiente para avanzar con un eventual proceso de enjuiciamiento y remoción del magistrado.