La Cámara de Diputados atraviesa una jornada decisiva, mientras la oposición intenta reunir el quórum necesario para debatir el rechazo del DNU 70/2023. El oficialismo, en tanto, concentra sus esfuerzos en impedir que la sesión llegue a comenzar y confía en el respaldo de sus aliados parlamentarios, aunque todavía mantiene reservas sobre el resultado.
La norma impulsada durante el inicio de la gestión de Javier Milei incluye, entre otros puntos, la derogación de la Ley de Tierras. Ese aspecto cobró renovada relevancia luego de recientes decisiones judiciales vinculadas con la venta de tierras rurales a extranjeros, que aumentaron la presión sobre el Gobierno y facilitaron la convocatoria opositora.
En La Libertad Avanza estiman que existe cerca de un 80% de posibilidades de que la oposición no consiga reunir los 129 diputados necesarios para abrir el recinto. Sin embargo, en el oficialismo admiten que el escenario continúa abierto y que algunos acuerdos todavía dependen de negociaciones con gobernadores y bloques provinciales.
El principal desafío para los sectores opositores consiste en alcanzar el número requerido para iniciar el debate. La convocatoria cuenta con el respaldo de Unión por la Patria, sectores de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y otros bloques minoritarios. A esa base podrían sumarse legisladores misioneros, cordobeses, tucumanos, catamarqueños y salteños, aunque varias de esas posiciones aún no están confirmadas.
Frente a ese escenario, el Gobierno acordó con sus aliados incorporar límites a la participación extranjera en la compra de tierras dentro de un proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada. La iniciativa será tratada en una sesión prevista para el 21 de octubre y busca ofrecer una alternativa a los diputados que cuestionan ese capítulo del DNU, pero no necesariamente pretenden respaldar su derogación completa.
El oficialismo también procura restarle fuerza a otros temas incluidos en la agenda opositora. Entre ellos figuran la prórroga de la emergencia en discapacidad y proyectos destinados a aliviar el endeudamiento de las familias. La estrategia consiste en presentar propuestas propias sobre esas materias y trasladar su discusión a una próxima sesión, con el objetivo de reducir la asistencia al debate convocado para hoy.
La incertidumbre parlamentaria se refleja además en la agenda política del Gobierno. La reforma política y el Presupuesto 2027 requieren el acompañamiento de los mismos sectores aliados cuya conducta será determinante en la sesión sobre el DNU. Las diferencias entre La Libertad Avanza y el PRO, sumadas a las posiciones fluctuantes de distintos gobernadores, mantienen en suspenso la posibilidad de consolidar una mayoría estable en el Congreso.
La jornada legislativa coincide con movilizaciones sociales, entre ellas una nueva marcha universitaria y protestas de trabajadores estatales. Esa presión en las calles podría influir en la decisión de los diputados que todavía no definieron si participarán del debate, mientras el oficialismo continúa negociando hasta el último momento para evitar una derrota en el recinto.