El Gobierno de Javier Milei presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar un pedido de medidas provisionales para detener la explotación petrolera del proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. La solicitud fue formalizada luego de que venciera el plazo de dos semanas otorgado al Reino Unido para suspender las actividades vinculadas con el desarrollo hidrocarburífero.
La presentación argentina busca impedir nuevos avances del proyecto mientras se conforma el tribunal arbitral que deberá resolver el conflicto de fondo. El Ejecutivo sostiene que las operaciones autorizadas por el Reino Unido afectan los derechos soberanos que Argentina reivindica sobre su plataforma continental y pueden profundizar la disputa existente por las islas.
La Oficina del Presidente confirmó la medida mediante un comunicado difundido el 13 de octubre. En el documento, el Gobierno señaló que recurrió al organismo con sede en Hamburgo para preservar sus derechos y evitar que continúen las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en un área cuya soberanía es objeto de controversia.
El reclamo se apoya en el artículo 290, inciso quinto, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Esa norma permite solicitar medidas urgentes antes de que se constituya el tribunal arbitral encargado de analizar el caso principal, especialmente cuando existe riesgo de daños graves al medio marino o de afectación de los derechos de alguna de las partes.
Argentina había notificado al Reino Unido el inicio de un procedimiento previsto en el Anexo VII de la Convención del Mar el 28 de septiembre. Londres rechazó el planteo y defendió la validez de las autorizaciones otorgadas por las autoridades de las Islas Malvinas. Tras esa respuesta y el vencimiento del plazo fijado, la administración de Milei decidió avanzar ante el Tribunal del Mar.
El organismo internacional deberá evaluar si existe una base suficiente para considerar que el futuro tribunal arbitral podría tener competencia sobre la controversia. También tendrá que determinar si están dadas las condiciones de urgencia para ordenar medidas provisionales. En caso de ser concedidas, esas disposiciones serán obligatorias para las partes, aunque el tribunal arbitral posteriormente podrá mantenerlas, modificarlas o dejarlas sin efecto.
Sea Lion es desarrollado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en aguas situadas aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Navitas posee el 65 por ciento del proyecto y está a cargo de su operación, mientras que Rockhopper controla el 35 por ciento restante.
El plan contempla realizar perforaciones de desarrollo durante 2027 y comenzar la producción comercial de petróleo en el primer trimestre de 2028. El Reino Unido sostiene que las actividades autorizadas en las islas cumplen con la normativa vigente y con el derecho internacional, una posición que contradice el reclamo argentino.
La primera resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar definirá si el organismo puede intervenir en esta etapa y si corresponde ordenar la suspensión temporal de las operaciones. Mientras tanto, el arbitraje previsto por la Convención del Mar continuará su proceso de conformación, que podría extenderse durante varios años.