El proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) entró en su etapa decisiva. El Gobierno aprobó la primera fase de la licitación y confirmó a los dos consorcios que continúan en carrera para quedarse con el 90% de las acciones que actualmente están en manos del Estado nacional.
La apertura de las ofertas económicas está prevista para este jueves 8 de octubre a las 10, a través de la plataforma oficial CONTRAT.AR. La propuesta que resulte seleccionada permitirá avanzar con la transferencia de las acciones estatales a un único operador estratégico.
Los grupos que superaron la evaluación técnica son, por un lado, el integrado por Rowing S.A., Arcos Saneamento e Participações S.A., PHX AQUA AR BV y Transclor S.A. El segundo consorcio está conformado por Roggio ROAS S.A.U., Hidrosan Capital S.A.U., Aguas del Plata Participaciones S.A., Benito Roggio e Hijos S.A. y Central Buen Ayre S.A.
Las ofertas técnicas habían sido abiertas el 15 de septiembre y posteriormente fueron analizadas por la Comisión de Evaluación. Según la resolución publicada por el Ministerio de Economía, ambos grupos cumplieron con los requisitos establecidos en el pliego y el dictamen de preselección no recibió impugnaciones dentro del plazo correspondiente.
La operación forma parte del proceso de privatización dispuesto para AySA, que contempla la venta de la totalidad de las acciones pertenecientes al Estado. Ese paquete representa el 90% del capital social de la compañía, mientras que el 10% restante permanece en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
La licitación se realiza bajo un esquema de etapas múltiples y sin precio base. El objetivo es seleccionar a un operador estratégico que asuma el control de la empresa y cumpla con las obligaciones de inversión, expansión y prestación del servicio establecidas en el contrato de concesión.
El futuro operador deberá afrontar un programa de inversiones para los primeros años de gestión destinado a ampliar y mejorar las redes de agua potable y cloacas. El esquema establece metas progresivas de cobertura y contempla un plazo inicial de concesión de 30 años.
Con la apertura de las ofertas económicas, el Gobierno buscará completar una de las principales privatizaciones incluidas dentro del programa de reforma del Estado. La instancia del jueves permitirá conocer cuál de los dos grupos presentó la propuesta económica que quedará mejor posicionada para avanzar en la adjudicación de AySA.