El Gobierno del Reino Unido rechazó el pedido de arbitraje internacional impulsado por la Argentina para detener el desarrollo petrolero del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas. Londres defendió la continuidad de las actividades hidrocarburíferas y advirtió que las medidas adoptadas por la administración de Javier Milei generan dudas sobre la confiabilidad del país como socio bilateral.
La respuesta británica fue difundida por Uma Kumaran, ministra del Foreign Office para los Territorios de Ultramar, luego de que la Cancillería argentina notificara formalmente el inicio del procedimiento previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
Según la posición expresada por el Reino Unido, la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental de las islas se realiza conforme a la legislación local y en cumplimiento del derecho internacional. Londres también reafirmó su respaldo al derecho de los habitantes del archipiélago a aprovechar los recursos naturales de la zona.
El Gobierno argentino, en cambio, sostiene que el proyecto se desarrolla en un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa y que la explotación de los recursos naturales no puede avanzar sin considerar los reclamos de Buenos Aires. Por ese motivo, Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos oficiales a activar el mecanismo de arbitraje contemplado en el Anexo VII de la CONVEMAR.
La decisión argentina se produjo luego de que el Presidente reclamara públicamente al Reino Unido que suspendiera el proyecto Sea Lion. Buenos Aires estableció un plazo para que Londres interrumpiera las actividades y advirtió que, de no obtener una respuesta favorable, recurriría a una instancia internacional para intentar frenar el desarrollo petrolero.
La estrategia oficial también incluyó medidas administrativas y judiciales contra empresas y personas vinculadas con la exploración de hidrocarburos alrededor de las islas. Además, un tribunal federal de Tierra del Fuego dictó una medida cautelar para suspender las obras, aunque la jueza señaló que su aplicación efectiva dependía de la cooperación internacional de las compañías involucradas.
Desde Londres respondieron que las acciones argentinas son ilegítimas y carecen de fundamento jurídico. En ese marco, el Gobierno británico sostuvo que la ofensiva de Buenos Aires podría afectar la relación bilateral y planteó interrogantes sobre la previsibilidad de la Argentina como contraparte.
Si el Reino Unido mantiene su rechazo una vez cumplido el plazo establecido por la Argentina, el Gobierno de Milei analiza solicitar al Tribunal Internacional del Derecho del Mar una medida provisional. El objetivo sería detener o condicionar temporalmente el avance de Sea Lion mientras se sustancia el arbitraje internacional.