Facundo Leal, ex titular de la empresa estatal ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), quedó a un paso de enfrentar un juicio oral luego de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara su procesamiento en una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La resolución, adoptada por la Sala I del máximo tribunal penal federal, desestimó el último recurso presentado por su defensa y dejó firme tanto la calificación penal como la prisión preventiva que ya pesaba sobre el ex funcionario. Con esta decisión, la Justicia allanó el camino para que la causa avance hacia la etapa de debate oral, donde se ventilarán las acusaciones que combinan narcotráfico, presunto enriquecimiento ilícito y supuestas maniobras de corrupción vinculadas a la gestión de la empresa de telecomunicaciones del Estado.
La investigación que derivó en la situación procesal de Leal tuvo un giro inesperado a partir de un allanamiento en su domicilio, ordenado en el marco de una causa por presuntas irregularidades en ARSAT. En ese operativo, los investigadores encontraron una importante cantidad de dinero en efectivo —superior a los dos millones de dólares, según fuentes del expediente— junto con distintos tipos de drogas. Ese hallazgo dio lugar a un nuevo tramo del caso, centrado en el posible tráfico de estupefacientes y el origen de los fondos, que se sumó al expediente inicial por presuntos negociados en la contratación de bienes y servicios para la empresa estatal. Los jueces consideraron que el conjunto de elementos reunidos en la investigación justificaba mantener la prisión preventiva y avanzar con la acusación por tenencia de drogas con fines de comercialización, una figura que agrava las penas previstas en la legislación vigente.
La trayectoria de Leal en el sector público agrega un componente político a la causa. Oriundo de Mendoza, fue designado presidente de ARSAT en 2022 durante el gobierno de Alberto Fernández y continuó en el cargo tras el cambio de administración, bajo la presidencia de Javier Milei. Más tarde pasó a encabezar el ORSNA, organismo clave en la regulación del sistema aeroportuario nacional, puesto al que renunció en febrero de 2026 en medio del avance de las investigaciones judiciales. Su nombre aparece vinculado a expedientes que indagan posibles retornos y adjudicaciones directas de servicios a empresas privadas, así como presunto enriquecimiento ilícito, en un entramado que combina la gestión de contratos estatales con el circuito de dinero detectado en su domicilio.
A pesar de la gravedad de los cargos, Leal intentó en reiteradas ocasiones mejorar su situación procesal. En una de las causas en su contra se negó a declarar, aduciendo que no tenía claridad sobre los hechos específicos por los que debía defenderse, pero presentó escritos en los que cuestionó la forma en que se ordenaron las indagatorias y las medidas probatorias. Su defensa buscó frenar el avance del expediente mediante recursos y planteos técnicos, que finalmente fueron rechazados en las distintas instancias de apelación. La confirmación del procesamiento por parte de Casación dejó sin efecto ese entramado de apelaciones y consolidó el cuadro acusatorio, con un embargo millonario sobre sus bienes y el mantenimiento de la prisión preventiva, que cumple bajo la modalidad domiciliaria con tobillera electrónica.
Mientras tanto, las investigaciones continúan en paralelo tanto en los juzgados federales de San Isidro como en los de la Ciudad de Buenos Aires. Los magistrados a cargo buscan determinar el origen de los fondos hallados, la ruta del dinero y su eventual relación con las contrataciones de ARSAT y las operaciones económicas vinculadas a la empresa. También se analizan las posibles conexiones entre los movimientos financieros y el circuito de narcotráfico que la Justicia atribuye al ex funcionario. Con la confirmación del procesamiento y la prisión preventiva, Facundo Leal quedó formalmente a las puertas de un juicio que no sólo definirá su responsabilidad penal, sino que también promete exponer las relaciones entre poder político, negocios estatales y crimen organizado en la cúpula de uno de los organismos estratégicos de las telecomunicaciones argentinas.