La oposición en la Cámara de Diputados comenzó a reunir apoyos para convocar a una sesión especial y avanzar con el rechazo definitivo del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, luego del fallo de la Corte Suprema que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales.
La resolución del máximo tribunal revocó una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto. Ese apartado eliminó las restricciones que impedían a ciudadanos y empresas extranjeras adquirir determinados terrenos rurales en el país.
El fallo no analizó la cuestión de fondo, sino que consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, que había presentado el amparo, no tenía legitimación suficiente para cuestionar la norma. Sin embargo, el efecto práctico de la decisión fue restablecer la vigencia del artículo incluido en el DNU impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Ante este escenario, dirigentes de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, un sector de Provincias Unidas y la Coalición Cívica retomaron las conversaciones para conseguir las firmas necesarias que permitan solicitar una sesión especial. Las fechas que se analizan para llevar el tema al recinto son el 7 o el 14 de octubre.
El DNU 70 ya fue rechazado por el Senado en marzo de 2024, pero la Cámara de Diputados no logró reunir entonces el consenso necesario para completar la derogación. De acuerdo con el mecanismo previsto para este tipo de decretos, ambas cámaras deben pronunciarse en contra para que pierda vigencia de manera definitiva.
La diputada Julia Strada, de Unión por la Patria, reclamó que la Cámara baja trate el decreto y planteó la necesidad de convocar con urgencia a una sesión especial. En la misma línea, el senador Oscar Parrilli sostuvo que Diputados debe ratificar el rechazo aprobado por el Senado, especialmente después de la decisión judicial sobre la Ley de Tierras.
Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman también pidió anular el DNU 70/2023 y afirmó que su espacio está dispuesto a acompañar el pedido de sesión. La legisladora señaló que se requieren diez firmas para formalizar la convocatoria y cuestionó la demora de los bloques que todavía no definieron su posición.
La Coalición Cívica, por su parte, también se sumó al reclamo. Elisa Carrió sostuvo que el Congreso debe rechazar específicamente el capítulo referido a la venta de tierras, ya que el tratamiento incompleto del decreto permitió que esa disposición continuara vigente.
Mientras la oposición intenta reunir los votos, el oficialismo analiza alternativas legislativas para evitar que el debate sobre el DNU avance sin control. Entre las opciones evaluadas aparece la posibilidad de incorporar la regulación sobre la compra de tierras extranjeras al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado y espera ser tratado en Diputados.