El Gobierno decidió revisar los cambios incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 que afectan al sistema de prestaciones para personas con discapacidad. La modificación se produjo luego de la fuerte reacción de organizaciones del sector, bloques opositores, gobernadores y sectores aliados del oficialismo, que cuestionaron el alcance de la iniciativa.
El texto enviado por el Poder Ejecutivo proponía eliminar disposiciones centrales de la ley de emergencia en discapacidad. Entre los puntos más controvertidos figuraban la eliminación de la actualización automática de las prestaciones y la posibilidad de que las obras sociales y las empresas de medicina prepaga establecieran sus propios valores para determinados servicios.
Frente a la presión política, los legisladores de La Libertad Avanza comenzaron a negociar con sus principales aliados en la Cámara de Diputados la elaboración de un proyecto alternativo. La propuesta en discusión mantendría el nomenclador de prestaciones y el mecanismo de actualización, aunque incorporaría requisitos más estrictos para acceder a las pensiones por invalidez.
El giro del oficialismo también estuvo condicionado por el riesgo de que la iniciativa provocara una nueva crisis parlamentaria. Los bloques dialoguistas reclamaron retirar los artículos cuestionados y advirtieron que no acompañarían el Presupuesto si incluía medidas que redujeran la cobertura o el financiamiento destinado a las personas con discapacidad.
La controversia expuso, además, diferencias dentro del propio Gobierno. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, cuestionó públicamente el recorte y señaló que insistir con una propuesta de esas características podía generar un conflicto político similar al del año anterior. Otros referentes oficialistas atribuyeron la inclusión de los cambios al Ministerio de Economía y sostuvieron que no habían sido informados previamente.
El oficialismo busca ahora alcanzar un acuerdo antes del plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Discapacidad de la Cámara baja. La intención es presentar un texto consensuado que pueda obtener dictamen y luego ser incorporado al debate presupuestario, aunque todavía persisten diferencias sobre el alcance de la reforma y el modo de financiar el sistema.
El Gobierno pretende reemplazar el esquema de emergencia por una legislación permanente para el área, pero los bloques opositores y los aliados parlamentarios exigen garantías concretas sobre la actualización de las prestaciones y la continuidad de los recursos. El resultado de las negociaciones será determinante para definir si el capítulo de discapacidad se modifica dentro del Presupuesto o si se tramita mediante una iniciativa independiente.