Manuel Adorni, exjefe de Gabinete de Javier Milei, dejó el Gobierno hace casi tres meses, pero aún conserva parte de los beneficios que tenía como alto funcionario nacional. A pesar de haber renunciado a su cargo, sigue desplazándose con custodia oficial y utilizando un vehículo perteneciente al Estado, lo que reaviva el debate sobre los privilegios de la “casta” política y las prerrogativas que subsisten más allá del ejercicio formal de la función. Según la información revelada por el diario La Nación y replicada por distintos medios, el esquema de protección y movilidad de Adorni se mantiene por decisión del Poder Ejecutivo, que justifica la continuidad por razones de seguridad y por el rango que el exfuncionario ocupó hasta su salida del Gobierno.
El vehículo que utiliza Adorni es una Toyota SW4 modelo 2022, 4×4 SRX 2.8 TDI, registrada a nombre del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), un ente público dedicado a la promoción del turismo argentino. El rodado fue cedido en su momento a la Jefatura de Gabinete para los traslados oficiales del titular de esa dependencia y su comitiva, y permaneció bajo esa órbita incluso después de la renuncia de Adorni, ocurrida a fines de junio. Pese a que su sucesor en el cargo, Diego Santilli, no utiliza la camioneta, el exfuncionario continúa empleándola para sus movimientos diarios con chofer y acompañamiento policial, lo que ha provocado críticas de la oposición y cuestionamientos internos sobre el uso de bienes estatales por parte de quien ya no integra el organigrama formal del Gobierno.
En paralelo al uso del vehículo oficial, se mantiene para Adorni un dispositivo de custodia personal brindado por fuerzas federales. Fuentes del Ministerio de Seguridad han explicado que los funcionarios y exfuncionarios de alto rango pueden conservar protección policial durante un plazo de hasta seis meses luego de dejar sus cargos, sobre la base de evaluaciones de riesgo específicas. En el caso del exjefe de Gabinete, la continuidad se fundamenta en presuntas amenazas que él mismo habría denunciado públicamente mientras ejercía funciones, aunque esas amenazas no derivaron en denuncias judicializadas. Desde la Casa Rosada, el nuevo vocero presidencial ya había confirmado semanas atrás que, “por motivos de seguridad”, la custodia de Adorni se mantendría “por ahora”, despejando cualquier especulación sobre una suspensión inmediata de ese beneficio.
Mientras conserva custodia y vehículo oficial, Adorni atraviesa además un frente delicado en el plano judicial: la investigación sobre su patrimonio y la presunta existencia de enriquecimiento ilícito durante su paso por el Poder Ejecutivo. El fiscal federal Gerardo Pollicita lleva adelante una causa en la que se analizan la evolución de los bienes del exfuncionario, sus gastos y los fondos utilizados para solventarlos. El exvocero presidencial debe presentar una justificación detallada de sus bienes, ingresos y movimientos económicos, luego de que se detectaran inconsistencias patrimoniales y compras realizadas a través de terceros empleados de la Casa Rosada. La primera fecha fijada para que diera explicaciones en la Justicia era el 26 de agosto, pero tras solicitar una prórroga, su declaración fue reprogramada para una nueva audiencia, clave para el futuro del expediente.
En ese contexto, fuentes judiciales señalan que la Justicia aguarda informes técnicos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones del Ministerio Público Fiscal, tanto sobre el patrimonio de Adorni como el de su esposa. Con esos documentos en mano, el fiscal quedaría en condiciones de remitir un requerimiento formal de justificación patrimonial al juez a cargo del caso, un paso procesal que podría derivar en mayores definiciones sobre el rol del exfuncionario y sobre el origen de sus bienes. La oposición, por su parte, ya presentó denuncias en el Congreso cuestionando que Adorni continúe usufructuando recursos del Estado –custodia y vehículo oficial– más allá de su renuncia, y advierte que la extensión de esos beneficios, sumada a la investigación judicial sobre sus finanzas, configura un nuevo capítulo del escándalo político que rodea la salida del exjefe de Gabinete del corazón del Gobierno nacional.