Desde este sábado entró en vigencia en la Argentina la ley que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en el marco del nuevo Régimen Penal Juvenil. La norma reemplaza el esquema anterior y permite que adolescentes de 14 y 15 años puedan ser sometidos a proceso penal por delitos tipificados en el Código Penal o en leyes especiales.
La ley fue sancionada por el Congreso a fines de febrero de 2026 y se publicó oficialmente en marzo. Según el texto aprobado, su entrada en vigor quedó fijada a los 180 días de su publicación, plazo que se cumplió este 5 de septiembre.
El nuevo régimen alcanza a personas adolescentes desde los 14 años hasta el día en que cumplen 18. En ese rango etario, la justicia puede intervenir en casos delictivos, con un sistema propio para menores que busca diferenciar la respuesta penal según la edad y la gravedad del caso.
Uno de los puntos centrales de la reforma es que las penas privativas de la libertad tendrán topes específicos. Para los casos más graves, la condena no podrá superar los 15 años, incluso cuando en el régimen adulto las escalas penales sean más altas. Además, el proyecto original del Ejecutivo había planteado un máximo de 20 años, pero ese techo fue reducido durante el debate legislativo.
La nueva ley también establece un esquema de sanciones graduado, con medidas que van desde alternativas a la prisión hasta la privación de libertad en casos extremos. Entre las herramientas previstas figuran la amonestación, la supervisión, el monitoreo electrónico, restricciones de salida del país y la prestación de servicios comunitarios, según la gravedad del delito y la situación del adolescente.
Con esta reforma, el Gobierno reemplazó la normativa vigente desde 1980 y puso en marcha un sistema penal juvenil que busca combinar responsabilidad penal con un tratamiento diferenciado para menores de edad. En la práctica, desde hoy los adolescentes de 14 y 15 años ya quedaron alcanzados por un marco legal que antes no los consideraba imputables.